Opinión
Chaves y Griñán: Honrados y honestos
Ni Manuel Chaves, ni José Antonio Griñán son personas corruptas, pese al fallo político firmado por tres de los cinco magistrados conservadores de La Sala II del Supremo. Se saben inocentes, víctimas de persecución política. Yo lo afirmo y defiendo por conocerlos desde hace muchos años y gozar de su amistad. Honradez, honestidad y sentido social de su actividad, con el servicio público como razón de ser. Estos dos presidentes de la Junta, como otros presidentes socialistas que han gobernado Andalucía desde la honestidad, seis en total y durante cerca de 40 años, han sido quienes transformaron Andalucía, la vertebraron, la sacaron de la miseria, del caciquismo y de la dictadura franquista; la cambiaron y la situaron en la modernidad, pese a que, ahora, haya quien quiera reescribir la historia, de forma soez y versallesca.
Afirmo todo ello aun siendo consciente de la condena sellada por el Tribunal Supremo, que debe ser la máxima autoridad judicial en todo Estado de Derecho, pero donde es preciso dejar constancia de que hay dos magistradas, progresistas, que difieren del fallo al considerar que el presidente Griñán y los ex altos cargos de la Junta condenados por malversación no gestionaron el dinero de las ayudas socio laborales y, por tanto, no pudieron cometer delito alguno y, por tanto, no debían ser condenados a penas de prisión. A ello se suma el hecho demostrado que durante el juicio en la Audiencia de Sevilla no se aportó una sola prueba que demostrara la culpabilidad del presidente Griñán, ni de los otros condenados. Habrá que coincidir, pues, con quienes sostienen que esta causa desde un principio tuvo una razón política, con sentencia política que quiere, además, ser ejemplar y sentar jurisprudencia. Y no sólo hay que relatar el voto particular de las dos magistradas que a falta de ser escrito coincide con el magistrado del Supremo Jorge Barreiro que, con anterioridad, había fundamentado no haber encontrado en la gestión de Griñán malversación alguna de fondos públicos. ¿En qué quedamos, pues? Soy de los que piensa y sostiene que nada ilegal hay en la actuación de Chaves, Griñán y demás condenados aunque sí hubieron sinvergüenzas, clientelismo, picaresca soez y barata; y fraude por parte de quienes utilizaron este mecanismo de ayuda a los necesitados. No se han robado 680 millones de euros como tan alegremente se afirma por la derecha irredenta y hay 5.800 trabajadores beneficiados con todas las de la ley, entre otros porque siguen cobrando las ayudas de la Junta, y tan sólo unas 200 personas cometieron fraude.
En los once años de instrucción sumaria, posterior juicio oral y ahora con el fallo del Supremo, a falta de conocer los fundamentos, ha sido la política la que ha movido los hilos del caso de los ERE, bien por dejación con un Partido Socialista que durante muchos años estuvo mirando hacia otro lado, en silencio, sin saber cómo actuar dejando a Chaves, Griñán y demás imputados al albur de su suerte, sin querer mojarse aun siendo conscientes de que eran inocentes, sólo responsables de irregularidades administrativas. Hay conciencia en el PSOE de no haber sido beligerantes y hacer defensa social, política y mediática cuando tuvieron que hacerlo, todo lo contrario del PP que hizo de los ERE un casus belli político con la clara intención de laminar al PSOE andaluz y tapar sus numerosos casos de corrupción, tal y como se han sustanciado en los tribunales, con condenas que alcanzan incluso a la propia estructura interna del PP. Hay un rosario de políticos y empresarios ligados al PP, como los Correas, los Bárcenas, los Granados, los González, etc. y cuantas «ranas» croaron en la cloaca del PP, a la sombra de Esperanza Aguirre, que se forraron y se dedicaron con exquisita caradura a saquear las arcas públicas para alimentar su insaciable cuenta corriente y la de su partido, el PP. En el caso de los ERE pueden haber errado, haberse equivocado, como afirma el Tribunal, pero no de haber robado, que no lo hicieron, ni permitieron de forma consciente o deliberada que otros lo hicieran. Que hubo sinvergüenzas, corruptos y caraduras que sí lo hicieron está demostrado, pero no precisamente los que ahora han sido condenados. EL PSOE, tarde, ha salido en tromba a defender la honorabilidad de Chaves y Griñán. Tienen sentido de culpabilidad.
En el transcurso de este proceso y en el propio juicio en la Audiencia sevillana hubo otros señalados errores sabiendo la posición de la fiscalía, manifiestamente política. Si yo hubiera sido abogado defensor de los imputados hubiera citado a declarar a todos y cada uno de los 6.000 obreros beneficiados con jubilaciones anticipadas, de los que, según los datos que se manejan, tan sólo 200 están sujetos a fraude, sin tener derecho a las ayudas. El resto, 5.800 obreros siguen cobrando la sobre ayuda por parte de la Junta hasta el año 2025 y deberían haber contado al Tribunal cómo sería su vida y la de los suyos si no se hubieran acogido a estas ayudas, independientemente de las irregularidades administrativas detectadas, que nunca deberían sustanciarse penalmente. Estas familias deben, sin reparo alguno, a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y al Parlamento andaluz, incluidos los diputados del PP, donde se aprobaron estas ayudas para ser incluidas en el presupuesto general haber sobrevivido de forma medio digna, sin estar abocados a la desesperación. Griñán y los seis ex altos cargos reciben como pago de gratitud ser condenados por malversación, a un paso de entrar en la cárcel según fallo de un Tribunal que ha hecho de la política su acreditada decisión final, aunque quede por delante recurso al Constitucional.
A favor y en contra del fallo del Tribunal se han manejado argumentos de todo tipo, algunos de ellos muy peregrinos y claramente sujetos al dictamen que durante años han sostenido los dirigentes del Partido Popular, con Feijóo a la cabeza, incapaz de tener y mantener un discurso lógico sobre Griñán, por ejemplo. Y están los medios informativos que abrevan en la derecha y la ultraderecha para vaciarse con calificativos que evidencian su manifiesta y acreditada capacidad para tocar la línea de flotación del PSOE y de forma más directa a Pedro Sánchez. Están en su derecho, diría el castizo, pero que no sostengan, como han hecho muchos dirigentes del PP, estar ante el mayor caso de corrupción de España. Los datos dicen lo contario, sin necesidad de recurrir a la Kitchen, la Púnica, a la Gürtel, etc. el mapa azul de corrupción del PP en España es como para cerrar los ojos. Y lo que está por venir, desgraciadamente.
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